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Institucional - Presentacion del Programa

Programa de Accesibilidad Académica

 

- Pahud, María Fernanda

- Hardoy, María Valeria

- Cavallero, Claudia Mabel

- Maroa, Claudia Paola

Mayo de 2017


 

 I- Introducción

La inclusión educativa de las personas con discapacidad en la Universidad se nos presenta hoy como un desafío, en tanto nos precede una etapa de segregación y exclusión de estas personas dentro de los distintos ámbitos sociales.

En la actualidad, el Modelo Social de la discapacidad sostenido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por el marco de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), considera que la misma no es un atributo de la persona, sino la resultante de la interacción entre las características de la persona y las barreras que encuentra dentro de su  contexto social para su participación plena. En este sentido, dicha Convención en su art. 1 señala: “Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales (...) que, al interactuar con distintas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con las demás”. Se reconoce de esta manera a la personas con discapacidad como sujetos de derecho, como sujetos políticos que tienen derecho a la palabra, no sólo a manifestar sus necesidades y deseos, sino también a participar con sus opiniones en la toma de decisiones, sobre todo en aquellos aspectos que los afectan o inciden sobre su vida personal y el ejercicio de su ciudadanía.

En este marco el derecho de acceder, permanecer y egresar de la educación en todos sus niveles, incluida la educación superior, con igualdad de oportunidades, está reconocido mundialmente, y se encuentra ampliamente legislado y reconocido por un vasto cúmulo de  declaraciones e informes suscritos por organizaciones internacionales que reafirman el compromiso con la educación de estos niños, jóvenes y adultos.

En nuestro país, se encuentra avalado por  la  Constitución Nacional, que garantiza el derecho de enseñar y aprender. A su vez, la Ley de Educación Nacional  26.206 establece que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado. Promueve la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos para asegurar el ejercicio pleno del derecho a la educación, asegurando una educación de calidad con igualdad de posibilidades, sin desequilibrios regionales, ni inequidades sociales otorgando prioridad a los sectores que más lo necesitan.

En  tanto que la Ley 24.521 de Educación Superior y su modificatoria, Ley 25.573 -referida específicamente a la inclusión educativa de la persona con discapacidad- establecen las responsabilidades y el compromiso del Estado Argentino como garante en la provisión de recursos y apoyos para este grupo de estudiantes a la institución universitaria, como así también se asume el compromiso de incorporar la  problemática de la discapacidad en la producción universitaria a través de la investigación, la extensión y la docencia.

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